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Mayo 14, 2008

Llegan a Estados Unidos 14 cabecillas de la AUC

El gobierno de Colombia extraditó intempestivamente ayer por la madrugada a Estados Unidos a los 14 jefes paramilitares detenidos más poderosos del país, acusados de decenas de miles de asesinatos y desapariciones en los últimos 20 años, según organizaciones de derechos humanos.

Un grupo de agentes fuertemente armados de la Dirección Antinarcóticos (DEA) recibió en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, un avión que transportó a 10 de los extraditados, algunos de los cuales salieron de prisión en Colombia llorando unos y otros gritando insultos contra el gobierno.

La masiva extradición fue aplaudida por Washington y líderes colombianos y criticada por los familiares de las víctimas de los paramilitares y activistas de derechos humanos, quienes alegan que los procesos de confesión y reparación de daños quedarán sin solución.

El gobierno colombiano defendió la extradición argumentando que los paramilitares, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), continuaban en actividades de narcotráfico desde prisión e infringieron la ley de Justicia y Paz a la que se acogieron para confesar sus delitos y reparar a los familiares de las víctimas de sus masacres.

"Habían reincidido en el delito, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega'', declaró al mediodía de ayer el presidente Alvaro Uribe.

Algunos analistas señalaron que la extradición tendrá un efecto negativo en las investigaciones de los presuntos vínculos de políticos con los paramilitares.

"Extraditaron todas las pruebas... se llevaron a todos los testigos, los extraditados eran muy incómodos para los políticos'', declaró a El Nuevo Herald la investigadora social y columnista de El Tiempo Claudia López.

El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William R. Brownfield, aseguró que su gobierno se compromete a facilitar el acceso de fiscales colombianos a los paramilitares para que sigan las investigaciones de masacres, desapariciones y torturas.

"Nuestro compromiso es facilitar todo el acceso, toda la información y todas las oportunidades a las víctimas, a su representantes y a los fiscales'', dijo el diplomático.

Sin embargo, en Miami el experimentado abogado penalista José Quiñón declaró a El Nuevo Herald que aunque los procesos que afrontan los paramilitares se relacionan con tráfico de drogas, podría ser "torpe'' de parte de ellos continuar la colaboración con la justicia colombiana porque esa información podría usarse indirectamente en su contra en tribunales de Estados Unidos. (Ver artículo en esta misma página).

En cuanto a la reparación financiera, el presidente Uribe declaró que Estados Unidos ha aceptado "que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde Estados Unidos'', aseguró Uribe.

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, declaró ayer que acata la decisión del gobierno de extraditar a los 14 paramilitares y aseguró que seguirán su curso las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad.

Los líderes paramilitares, que fueron transportados de Bogotá a Miami, Nueva York, Washington y Houston en cuatro aviones de la DEA, serán procesados en tribunales federales por cargos de narcotráfico y lavado de dinero que estaban bajo reserva sumarial y se hicieron públicos entre 2002 y este año.

Dos de los extraditados, Ramiro Vanoy, alias "Cuco Vanoy'', y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias "Gordo Lindo'', serán procesados por narcotráfico y lavado de activos en la corte federal de Miami. Se les acusa desde 1999 de participar en una red que fue desmantelada por la DEA y la policía colombiana en una operación conocida como Milenio.

Vanoy, a quien se acusa de manejar laboratorios de procesamiento de cocaína desde hace más de 10 años, financiaba uno de los frentes de las AUC al noroccidente de Colombia; Zuluaga, de menor importancia en la jerarquía del narcotráfico, presuntamente coordinaba envíos de drogas a carteles mexicanos desde Medellín.

Guillermo Páez Alzate y Manuel Enrique Torregosa Castro serán presentados en otros tribunales de la Florida.

Los cabecillas de las AUC Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar-Pupo, alias "Jorge 40'' serán procesados en el Distrito de Columbia, mientras que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna'' será enviado al distrito sur de Nueva York.

Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el gobierno espera que la extradición múltiple convenza a los legisladores demócratas de que Colombia sí combate la violencia y el narcotráfico y apruebe el Tratado de Libre Comercio que mantienen congelado por considerar que Uribe no hace lo suficiente por impedir la violencia contra sindicalistas, de los cuales han asesinado 26 en lo que va de este año.

"Se pudiera esperar que esto persuada al Congreso'', dijo Perino.

En el grupo de extraditados están los más poderosos e influyentes líderes paramilitares que involucraron con sus denuncias de presuntos nexos con las AUC a numerosos congresistas, empresas nacionales y extranjeras y altos funcionarios colombianos, entre ellos el vicepresidente Francisco Santos y su primo hermano Juan Manuel Santos, ministro de Defensa.

Salvatore Mancuso, uno de los extraditados, que ha confesado 560 homicidios, aseguró el domingo pasado al programa 60 Minutes de la cadena CBS que la multinacional frutera Chiquita pagó a las AUC unos $2 millones a cambio de protección.

La columnista López dijo que la extradición de los 14 paramilitares "es la estocada final a un proceso de paz fracasado'' con los paramilitares.

López agregó que como consecuencia de la extradición "se van a acabar por sustracción de materia los procesos de justicia y paz, así como los de la parapolítica'', que actualmente tienen en la cárcel a 32 congresistas por vínculos con los paramilitares, incluido un primo del presidente Uribe y un centenar de políticos bajo investigación.

Los extraditados se habían acogido desde el 2003 a un proceso de paz con el gobierno que los obligaba a confesar sus crímenes, no volver a delinquir y compensar a las familias de las personas que asesinaron en innumerables masacres y homicidios selectivos.

A cambio de eso serían beneficiados en todos los casos con penas de cárcel inferiores a ocho años y el derecho a conservar sus fortunas.

El ex ministro de Defensa y ex senador Rafael Pardo declaró que con la extradición "el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares es un total fracaso''.

"Pero tengo que decir también que es una sanción merecida para los extraditados'', para quienes pidió "que ojalá les den las penas más altas posibles en Estados Unidos''.