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Jaime Gutiérrez Alerta Naranja en el Salvador La Dirección de Centros penales del país, decretó a partir de ayer, alerta naranja en todo el país. La decisión se tomó después de que los reos del Centro Penal de Ciudad Barrios y de Quezaltepeque, se declararan en huelga de hambre, con el objetivo de apoyar a los familiares de reos, que el lunes llegaron a la Asamblea Legislativa, para declararse en huelga de hambre, como una forma de pedir mejoras en el sistema penitenciario. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, la alerta naranja es una medida preventiva para evitar que se desencaden mayores desórdenes en los penales, y que otros centros penitenciarios se unan a estas huelgas. Por el momento, “La alerta naranja consiste en tener mayores niveles de presencia en cuanto a observación, y monitoreo en todo el sistema penitenciario, todo esto en coordinación con la PNC, Grupos de Tarea Antimaras, GTA y Grupo de Tarea Conjunta, GTC”, señaló el funcionario. Actualmente se están monitoreando con mayor enfásis, los penales de Zacatecoluca, Quezaltepeque y el de Ciudad Barrios. Si se llegaran a registrar otros niveles de desórdenes y mayores actitudes de desacato por parte de los internos de los diversos centros penales, las autoridades ya han planificado medidas más fuertes, que se aplicarían, siempre en coordinación con la PNC, el GTA y GTC. Estos se encuentran preparados para reaccionar con medidas más contundentes ante cualquier emergencia que se presente. El viceministro de Seguridad aseguró que la administración de centros penales tiene la razón y está en todo su derecho de imponer medidas más fuertes, si la situación respecto a las protestas se sigue complicando en los próximos días. Los dos centros penales que se declararon en huelga, albergan a internos que en su mayoría son miembros de la Mara Salvatrucha. Las peticiones de los reos de ambos penales son las mismas, solicitan que se derogue el artículo 103 de la Ley Penitenciaría, que autoriza el envío de reos a centros de seguridad por su alto índice de peligrosidad y permite someterlos a un régimen de internamiento especial. Además, ordena el cumplimiento aislado de la pena, en una celda o pabellón especial, prohibiendo las comunicaciones telefónicas internas, supervisadas o monitoreadas, y se prohibe totalmente la visita íntima. Otra de las exigencias es que se amplíen las celdas de los recintos. Actualmente, el Centro Penal de Quezaltepeque alberga a más de 400 reos y el de Ciudad Barrios a más de 800. Abiertos al diálogo Ástor Escalante aclaró que como autoridades de Seguridad Ciudadana, ellos están abiertos al diálogo y aseguró que toda persona que solicite audiencia será escuchada, para conocer sus necesidades y se resolverán siempre que estén de acuerdo a la ley, y no desestabilicen el orden del país. Dijo que ellos no hablarán con personas que provoquen desorden e hizo referencia a los familiares de los reos que llegaron el lunes de esta semana a la Asamblea Legislativa. También que no descarta que tras estas acciones de protestas se encuentren acciones políticas de izquierda, que buscan desestabilizar al sistema penitenciario. “Siempre se ve como esa vinculación y esa posible relación que pueden tener con algunos grupos desestabilizadores de izquierda”, apuntó |
