"En esencia, se trata de facilitar las desmovilizaciones de las personas que están en las cárceles por procesos graves", dijo un alto funcionario de Palacio.

El año pasado, una sentencia de la Corte Suprema advirtió que guerrilleros presos solo podrían recibir los beneficios que entrega la desmovilización individual, que no cobija a los responsables de delitos graves.

Desde hace tres semanas, asesores de los ministerios del Interior y Defensa, así como del Alto Comisionado para la Paz y la Presidencia, buscan una figura jurídica para que esos guerrilleros, reunidos en un movimiento que se llama 'Manos por la Paz', puedan beneficiarse de la norma.

Un primer grupo de 33 postulados fue presentado por el Gobierno a finales del año pasado. Incluso sin decreto, 'Olivo Saldaña', uno de los líderes del movimiento, ya empezó a rendir declaración ante un fiscal de Justicia y Paz.

"En cárceles hay unos 1.700 guerrilleros y tenemos noticias de unos mil que no quieren volver a las Farc.", confirmó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi.

Guerrilleros presos que no quieren canje

Además de los 160 ex Farc que el año pasado fueron indultados por el Gobierno, hay otros 420 -algunos con delitos graves encima- que firmaron un documento en el que no solo aceptan desmovilizarse sino que dicen expresamente que no quieren ser objeto del 'canje'. Están recluidos en las cárceles de Bellavista, en Medellín, que comenzó el proceso en mayo del año pasado; Picaleña, en Ibagué; La Dorada, en Caldas; Cómbita, en Boyacá; y La Modelo y La Picota, en Bogotá.

Luidine Zumpolle, ex directora de la ONG Pax Cristi en Colombia y que representa al grupo de guerrilleros, asegura: "Estos hombres quieren contar lo que saben y dejar la guerra. Saben que a los pocos minutos de salir de la cárcel deben volver a las filas, aunque no lo quieran".

¿Cómo se haría el procedimiento? Además de la 'apertura' de Justicia y Paz a desmovilizados individuales que acepten los compromisos de verdad, justicia y reparación, habrá también una evaluación previa del Ministerio de Defensa y el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda), para evitar 'colados'.

Los pasos a seguir

1. No necesariamente los cerca de 1.000 guerrilleros del movimiento tendrían que ir a Justicia y Paz, pues no todos están procesados o condenados por delitos atroces.

2. Tienen que asumir compromisos de verdad, justicia y reparación: colaborar con la justicia para desmantelar estructuras armadas que siguen vigentes.

3. El Gobierno y la Fiscalía harán una verificación previa de identidades de los guerrilleros, para evitar que se cuelen delincuentes comunes en este proceso.