Hace un año, el presidente Rafael Correa, tras acusar amargamente al gobierno de Alvaro Uribe de violar la soberanía nacional, decidió romper relaciones con Colombia. Era su airada respuesta tras el ataque militar de ese país contra la base clandestina de Angostura operadas por las narcoguerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro de territorio ecuatoriano, situada a unos escasos 1,800 metros de la frontera que separa a ambos países.

Uribe probablemente previó que Correa protestaría con gran energía, pero el objetivo de liquidar a Raúl Reyes, el segundo hombre de las FARC (o el primero, porque ya se sabía que Tirofijo estaba muy enfermo), era mucho más importante que la reacción del incómodo vecino, tan poco solidario con los esfuerzos bélicos de su gobierno.

Al fin y al cabo, desde el 2004 los colombianos habían elevado inútilmente dieciséis informes a la Comisión Binacional Para Asuntos Fronterizos, más otros seis a la cancillería ecuatoriana, denunciando la presencia de narcoguerrilleros comunistas de las FARC que actuaban desde Ecuador, sin poder frenar los continuos ataques de que eran víctimas.

Resultaba, pues, más sensato pedir perdón que pedir permiso, especialmente tras la experiencia de la incursión de las FARC contra la base militar colombiana de Teteyé, en el verano del 2005, saldada con decenas de soldados muertos y heridos, agresión efectuada por narcoguerrilleros provenientes de Ecuador bajo las órdenes de Raúl Reyes, extremo que el gobierno del entonces presidente ecuatoriano Alfredo Palacios negó enfáticamente contra toda evidencia.

Como escribiera recientemente D. Blasco Peñaherrera, ex vicepresidente de Ecuador, periodista y diplomático con gran prestigio internacional, a quien nadie podría acusar de ser antiecuatoriano: "Así las cosas [la multiplicidad de informaciones e indicios y la variedad de las fuentes que mostraban los vínculos entre miembros del gobierno de Correa y las narcoguerrillas], parece realmente imposible que se deje de relacionar a los funcionarios del gobierno nacional con las FARC. E inclusive, no faltará quien piense que el señor Presidente Uribe Vélez hizo bien en autorizar el bombardeo sin previo aviso y asumir el riego del estallido de soberanía que incendió Carondelet''.

En realidad, ese es el verdadero origen de las malas relaciones de Colombia con sus vecinos Ecuador y Venezuela: los vínculos ideológicos, políticos y los oscuros intereses económicos de esos gobiernos (o de muchos de sus funcionarios y militares) con las narcoguerrillas, como demostraron las computadoras de Reyes y hoy vuelve a comprobarse con las revelaciones de José Ignacio Chauvin, ex subsecretario del Interior del gobierno de Correa.

Mucho antes de que las fuerzas armadas colombianas atacaran el campamento de las FARC, los presidentes Correa y Hugo Chávez, incluso, habían lanzado la idea de concederles a las FARC la condición de "fuerza beligerante'', lo que hubiera legitimado la existencia y las acciones de estas bandas de asesinos, secuestradores y traficantes de drogas, colocándolas al mismo nivel legal del Estado colombiano.

Afortunadamente, la prudencia del gobierno brasilero hizo abortar esta peligrosa maniobra diplomática. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela no sólo no están dispuestos a ayudar a Colombia en la lucha contra las narcoguerrillas (objetivo que supuestamente deberían respaldar a tenor de los tratados y acuerdos diplomáticos firmados por todos los países de la región), sino, en el mejor de los casos, les resulta absolutamente indiferente la suerte de los colombianos, y, en el peor, quisieran ver derrotado al gobierno de Uribe por las tropas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y les irrita sobremanera que Estados Unidos le dé ayuda militar a Bogotá mediante el Plan Colombia, o la utilización del herbicida glifosato para tratar de erradicar los cultivos de coca, principal fuente de ingreso de estos verdaderos ejércitos subversivos.

Muerte de Raúl Reyes marcó declive de las FARC

La guerrilla de FARC aseguró hoy que la muerte del jefe rebelde "Raúl Reyes'', abatido hace casi un año en un bombardeo a un campamento en Ecuador, "fue una puñalada trapera a la posibilidad real de conquistar la paz en Colombia''.

''Lo que hasta ese momento se había forjado fue destruido de un solo tajo'', afirmó el Secretariado del Estado Mayor Central del grupo insurgente en un comunicado con motivo del primer aniversario del fallecimiento de "Reyes'', que se cumplirá el próximo domingo.

El segundo al mando y portavoz internacional de las FARC murió el 1 de marzo de 2008 en un ataque aéreo a un campamento instalado en las selvas de la frontera norte de Ecuador con Colombia.

Otras 25 personas, entre rebeldes y civiles, perdieron la vida en esta operación colombiana, que llevó al Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a romper relaciones con Bogotá, que siguen sin restablecerse.

Además, las autoridades colombianas hallaron y decomisaron en la base varios computadores portátiles y memorias informáticas que, según ellas, hicieron evidente las relaciones de los rebeldes con distintas personas y sectores del país y del exterior.

La muerte de "Reyes'' fue "un golpe sensible para nuestra organización'', admitió el mando central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que divulgó el mensaje en el sitio de esa guerrilla en internet.

''Pero mucho más, fue una puñalada trapera a la posibilidad real de conquistar la paz en Colombia'', continuaron los insurgentes, que aseguraron que la llamada "Operación Fénix (la del bombardeo) fue lanzada en conjunto por el Ejército de este país andino y Estados Unidos y violó "en forma descarada'' la soberanía ecuatoriana.