January 20, 2010

 

PANAMA

El Pleno de la Corte Suprema decidió así reabrir el caso del denominado caso Cemis, un millonario proyecto para la construcción de un centro multimodal, industrial y de servicios en la Zona Libre de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, por cuya aprobación supuestamente se sobornó a varios diputados.

Las investigaciones, que involucran a dos magistrados de la CSJ, deberán ser continuadas por separado por el Ministerio Público (MP) y la Asamblea Nacional, según un comunicado de la corte.

En julio pasado, la Corte había ordenado reanudar este proceso tras una petición formulada en 2005 por la Procuradora General, Ana Matilde Gómez, pero su reapertura se retrasó hasta ahora debido a la presentación de más de media docena de recusaciones en su contra.

El caso se conoció hace unos seis años cuando Carlos Afú, legislador disidente del entonces opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), denunció, con dinero en mano, haber recibido un pago ilegal a cambio de su voto para aprobar el proyecto del Cemis.

Este caso revivió con la llegada al poder del presidente Ricardo Martinelli, el pasado 1 de julio, quien había prometido en su campaña electoral una investigación de este escándalo.

Afú, reelegido como diputado independiente en las elecciones del 3 de mayo pasado, dijo en 2002 que también otros colegas suyos del PRD fueron sobornados para aprobar el proyecto multimodal de Colón, que iba a ser desarrollado por el Consorcio San Lorenzo.

El diputado Afú, a su vez, fue denunciado por legisladores del PRD, como la ex legisladora Balbina Herrera, de haber sido sobornado para que apoyase la ratificación de dos magistrados de la CSJ propuestos por el gobierno de la entonces presidenta Mireya Moscoso (1999-2004). Los magistrados, Winston Spadafora y Alberto Cigarrista, finalmente recibieron el apoyo del Legislativo.

Ambas investigaciones fueron archivadas y declaradas nulas por la CSJ en 2003, argumentando irregularidades del MP en la investigación.

La anulación de estos expedientes también estuvo relacionada con la negativa de la Asamblea Nacional de suspender la inmunidad legislativa a los parlamentarios para ser investigados.

La procuradora Gómez consideró en su momento que los expedientes nunca debieron unirse en un solo caso, ya que esto llevó a la anulación de ambos temas.

Ahora, la CSJ, en un fallo del 24 de diciembre pasado que fue dado a conocer hoy, ordenó que el MP continúe las investigaciones para "esclarecer los posibles hechos punibles" relacionados con las declaraciones de Afú.

El comunicado de la CSJ señala que la investigación y el procesamiento de los diputados por causas penales y policiales es de su competencia, y que deberá designar a uno de sus magistrados para que haga las veces de fiscal.

Mientras, la Asamblea Nacional deberá investigar la denuncia presentada por la ex legisladora Herrera por el supuesto pago de una suma millonaria a cambio del voto a favor de la ratificación de los nombramientos de dos magistrados de la Corte, agregó.

El subsecretario de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Camacho, dijo hoy a Acan-Efe que el Parlamento tiene que ser notificado de este fallo por la CSJ para que sus asesores legales lo analicen y determinen el procedimiento a seguir y si deben declararse en sesiones judiciales para investigar a los dos magistrados.